El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó un decreto de austeridad que estará vigente durante 180 días como respuesta a la disminución en los ingresos por coparticipación federal, medida orientada a controlar el gasto público y ordenar las cuentas provinciales.
La norma establece medidas para ajustar el funcionamiento de los organismos del Estado, priorizar el uso eficiente de los recursos y revisar compromisos presupuestarios frente al contexto financiero actual. Entre las acciones previstas se incluye la optimización de gastos operativos, suspensión de contrataciones temporarias no esenciales y la readecuación de partidas presupuestarias conforme a criterios de racionalización del gasto.
Desde el Poder Ejecutivo provincial explicaron que la caída de la coparticipación —producto de la retracción del consumo interno y de menores recaudaciones a nivel nacional— impacta en las finanzas de Salta y obliga a adoptar medidas de contención para evitar desequilibrios fiscales.
El decreto también promueve un seguimiento más estricto de las inversiones públicas en ejecución y la evaluación de prioridades para mantener la continuidad de los servicios esenciales. Las autoridades señalaron que estas decisiones se enmarcan en la búsqueda de estabilidad económica y en la necesidad de adecuar la gestión ante un escenario de recursos limitados.
El cumplimiento de la medida será monitoreado por los organismos de control correspondientes, con el propósito de garantizar transparencia y eficacia en su aplicación.
